Salta: Modelos para desmontar

Foto: Hernán Scandizzo

Por Diego di Risio y Hernán Scandizzo*

En la provincia titulada “la linda” existe una cara poco promocionada, el chaco salteño. Desde las últimas estribaciones andinas hacia el este se extiende esta tierra dura, de escasas precipitaciones, elevadas temperaturas y espinosos montes; una región que parece atada a un destino trágico. En la década pasada fue la ampliación de la frontera agroindustrial, sustentada principalmente por la alta rentabilidad del cultivo de soja, que devoró miles de hectáreas de sus bosques; y en los últimos años son los buscadores de gas y petróleo. En ambos casos el progreso es la quimera y las comunidades indígenas y campesinas las vulneradas.
Salta es la segunda productora de gas del país (4.180.058,52 miles de m2 en 2009) y octava de crudo (651.182,94 m2 en el mismo año). A fines de 2006 el gobernador Juan Carlos Romero (PJ) ofertó 6 áreas, dando inicio a la primera ronda de licitaciones para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos. La asunción de Juan Manuel Urtubey (FPV-PRS), en 2007, marcó un cambio de gestión pero no de rumbo: 10 nuevas áreas fueron licitadas en una segunda ronda. En los años subsiguientes la empresa provincial REMSA otorgó otras 12, de las cuales 11 fueron para Repsol-YPF. De esta manera la presencia de esta industria deja de concentrarse en puntos específicos de los departamentos San Martín y Anta para extenderse a casi la totalidad de la provincia.
Los efectos de la política de promoción petrolera ya se sienten en los departamentos San Martín y Rivadavia -áreas Tartagal Oriental, Hickman y Morillo- donde está por culminar la etapa de prospección sísmica. El ingreso inconsulto a tierras de familias campesinas -los chaqueños- y territorios indígenas -en su mayoría del Pueblo Wichí- generó malestar. Cada intervención de estas empresas en el lugar significa “limpiezas del terreno”, es decir, desmontes selectivos que aumentan la vulnerabilidad de un ecosistema de lenta regeneración. En los próximos meses los consorcios Tecpetrol-Petrobras y High Luck avanzarán en la perforación de pozos exploratorios, un trabajo que demanda ingentes volúmenes de agua, y pone en riesgo de contaminación tanto a este recurso como al suelo.
Los distritos donde se registra la avanzada petrolera en la década pasada sufrieron los embates del modelo sojero. La irrupción de la agroindustria no sólo significó desmontes sino también la aparición de títulos de propiedad sobre tierras habitadas por indígenas y criollos desde tiempos remotos. Esto redundó en desalojos y, en los casos de quienes pudieron permanecer en el lugar, reducción de los espacios disponibles. Para los chaqueños se tradujo en la pérdida de campos de pastura y la masiva muerte del ganado, base de su economía; y para los wichís, no sólo en la imposibilidad de obtener alimentos, medicinas, maderas… sino quedar privados del soporte material de su cosmovisión. Esto profundizó los problemas socio-sanitarios en las comunidades indígenas, que registran los índices más altos de muerte por desnutrición, Chagas y TBC.
El desembarco de Tecpetrol y Petrobrás en Fortín Dragones e Hickman -en el Departamento San Martín- y de High Luck en Morillo -Departamento Rivadavia- dio lugar a protestas de wichís y chaqueños. En la primera localidad, comunidades de la zona mantuvieron cortada 45 días la ruta nacional 81 a principios de 2010, mientras que en la segunda bloquearon el paso a las topadoras que abrían caminos para la prospección sísmica.
La llegada de las petroleras encuentra a los criollos con pocas herramientas jurídicas para frenar el ingreso a sus campos, ya que son superficiarios y no tienen ningún derecho sobre las riquezas del subsuelo. También es cierto que no faltan quiénes se ilusionan con las servidumbres de paso y ocupación que cobrarían de concretarse la explotación de los hidrocarburos. En el caso de los indígenas, la legislación -que obliga a la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que los afecte- fue sistemáticamente violada y la entrada de las operadoras generó diferentes posturas. Por un lado, quienes rechazan estos proyectos extractivos y reclaman que se les permita vivir de acuerdo a su cosmovisión; por otro, quienes agobiados por la situación acceden a las ayudas que las empresas otorgan, a cambio de poder trabajar sin problemas, y se ilusionan con promesas de mejoras sustanciales, como un empleo en el sector.

*Integrantes del Observatorio Petrolero Sur (opsur.wordpress.com).

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