Indoamericano: Las miserias porteñas

Foto: sub.coop

Por Tomás Eliaschev

La masiva toma del Parque Indoamericano demostró la magnitud de la crisis habitacional que sufren los porteños. Para comprender que fue lo que llevó a tantos vecinos a ocupar esos terrenos abandonados, es preciso conocer la historia de la Ley 1770 de Urbanización de la Villa 20 de Lugano, una normativa que prometió 1600 viviendas para los habitantes de ese barrio, y que nunca se cumplió. Conozco el caso porque ya desde hace años que esta parte de la Ciudad me es familiar. Nunca viví ahí, pero conozco a muchos otros porteños, que no tienen ni idea de la existencia de estos barrios, los del sudoeste de la capital del país
En los 90 conocí la Villa, ubicada literalmente en un pozo, no muy lejos de la estación Jumbo del Premetro. Detrás de la montaña de autos que se ve sobre la avenida Cruz se levantan las viviendas, algunas cada vez más altas, como si buscaran aire. Lo supe cuando con un grupo de compañeros del secundario decidimos organizarnos para dar apoyo escolar para los niños de ese barrio. Desde entonces, le presto especial atención a los sucesos que acontecen en ese rincón de la Ciudad. Así fue cómo seguí la lucha que hace unos 6 años se dieron las organizaciones sociales de la zona para evitar que el gobierno porteño regale las tierras de la villa para establecer un polo industrial farmacéutico privado, lo que hubiese traído aparejado el desalojo de los habitantes del barrio, sin que ni siquiera se garanticen fuentes de trabajo para los vecinos y sin un estudio de impacto ambiental.
Con innumerables movilizaciones y petitorios, los vecinos de la Villa 20 pidieron que fuera removida completamente la chatarra de la Playa de Investigaciones Judiciales, el cementerio de autos de la Policía Federal, que contamina con plomo la sangre de los habitantes del barrio. También reclamaban por un hospital para Lugano, ante el evidente desborde del Centro de Salud 18, que atiende a más de 40 mil personas que habitan la Villa 20 y de los hospitales de la zona. Y sobretodo, plantearon la necesidad imperiosa de que se encare seriamente la construcción de viviendas sociales. Ya entonces se sentía el incremento incesante de los precios de los alquileres, imposibles de pagar para miles de familias.
Aunque en agosto del 2005 la Legislatura votó la Ley 1770 de Urbanización para la Villa 20, que establecía plazos de un año para hacer 1.600 viviendas, las autoridades porteñas nunca hicieron nada. Al año siguiente, algunos vecinos comenzaron a tomar la parte del cementerio de autos lindera a la Villa. Como la chatarra se estaba removiendo con una lentitud desesperante, muchos terrenos quedaban vacíos, acumulando más basura, apenas protegidos por un alambre. La idea prendió y muchos vecinos querían ocupar por su cuenta su parcela para levantar un ranchito aunque sea para zafar un alquiler cada vez más impagable. Las organizaciones sociales plantearon que había que pedir la urbanización de manera colectiva y se propusieron organizar a los inquilinos y familias sin techo.
El 21 de septiembre del 2006 centenares de vecinos ingresaron en el cementerio de autos para reclamar por la implementación de la ley: fueron reprimidos brutalmente por la Federal. Pero los vecinos de la 20 “tuvieron cámara” por un día y pudieron pedir que se cumpla con la 1770. Los vecinos no esperaron más y, empujados por la necesidad, avanzaron. Finalmente, muchos de ellos se establecieron en esos terrenos, luego de una larga lucha. Pero la necesidad habitacional siguió sin ser satisfecha. Y la represión, permanece como una amenaza latente: por ponerse al frente de los reclamos, los referentes vecinales y sus familias (como en el caso de Diosnel Pérez, vecino histórico del barrio y militante del Frente Popular Darío Santillán), sufren amenazas y aprietes varios, perpetrados por policías y los punteros que buscan generar la máxima quietud posible.
Ni bien tuve conocimiento de la toma del Parque Indoamericano, a fines del año pasado, me acordé de todos estos antecedentes. Es que el lugar queda exactamente al lado de la Villa 20. Comprobé lo masiva y genuina que era la toma recorriendo el predio. Otras familias venían de Los Piletones, de la 1-11-14, de Ciudad Oculta. En los otros barrios humildes, pasaba (y pasa) lo mismo que en la Villa 20: centenares de miles de personas, muchos inmigrantes, otros nacidos en esta Ciudad, necesitan una vivienda digna y no tienen cómo pagarla. En el Indoamericano me encontré con alguno de mis alumnos de aquel apoyo escolar que como centenares de padres muy jóvenes habían ido a tomar su terrenito. También me reencontré con otros habitantes del barrio que había conocido a lo largo del tiempo. La abrumadora mayoría de la toma estaba constituida por familias sin vivienda. Como siempre, alguno buscando hacer algún negocio, aprovechándose de la desorganización. Pero principalmente, había centenares de miles de familias con sus necesidades básicas insatisfechas.
El 7 de diciembre los gobiernos nacional y porteño ordenaron la represión, que se llevó las vidas de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro, asesinados por efectivos de la Policía Federal, que actuaron de conjunto con los de la Metropolitana. A los dos días, se produjeron los ataques de los barrabravas, que instigados por el discurso xenófobo del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, asesinaron a Emiliano Canaviri. Luego de convocar a las organizaciones la Casa Rosada, la Gendarmería impuso un cerco en la toma, supuestamente para pacificar la zona. Por último, se produjo el desalojo “pacífico”, bajo la amenaza expresada por los jefes de gabinete nacional y de la Ciudad de dejar sin planes sociales ni de vivienda a quien permanezca en el predio o tome alguna tierra. Los funcionarios anunciaron en conferencia conjunta que en 4 meses habría respuestas habitacionales. Las 13.333 personas censadas se fueron con las manos vacías. Ya cumplidos los 120 días pautados: ni los censados ni los familiares de los tres asesinados obtuvieron hasta al momento respuestas a sus reclamos. En el enorme descampado lleno de basura llamado Parque Indoamericano se anunciaron algunas obras, pero sigue siendo básicamente un terreno abandonado.
Lamentablemente, durante los días de la toma del Indoamericano, de lo que más se habló fue sobre la nacionalidad de los llamados “okupas”, como si repentinamente todos olvidasen que este es un país de inmigrantes. Gran parte de nuestra sociedad mostró la hilacha: la discriminación y el racismo proliferan. En lugar de pensar en cómo solucionar la problemática de fondo, las autoridades buscaron que a nadie más se le ocurra tomar nada. Ante todo, la propiedad privada. En vez de establecer un Ministerio de Vivienda popular, el gobierno nacional creó uno de Seguridad. Sin embargo, la problemática habitacional no se va a solucionar evitando las tomas, aunque los desalojos sean menos brutales. Para dimensionar la problemática, la Comisión de la Vivienda de la Legislatura contabilizó que en la Ciudad hay 100 mil inmuebles vacíos, mientras hay más de 12 mil personas distribuidas en 150 asentamientos, 170 mil que habitan en 16 villas, 110 mil en monoblocks con graves fallas estructurales, 5000 ubicadas en dos complejos habitacionales transitorios, 9000 que viven en inquilinatos y otras 6000 en hoteles y pensiones.
Mientras Puerto Madero está vacío, en los barrios populares el hacinamiento hace estragos. Desde hace años que las sucesión de desalojos sufridos por los más pobres y los negociados inmobiliarios destinados a beneficiar a los sectores de mayores recursos se vienen incrementando. Con el macrismo, la política de exclusión se agudizó: la construcción de viviendas sociales es nula. Por eso a nadie debería sorprenderle que luego del Indoamericano, se produjeran más tomas. En la Villa 20, por lo pronto, aseguran que la batalla por que se cumpla con la ley de Urbanización, recién comenzó.

Publicado en Underground #1 edición impresa, otoño 2011

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