El suelo debajo de nuestros pies

Fotos: Cooperativa Sub
Texto: Tomás Astelarra 

Territorio America – Desalojos, paramilitarización, megaproyectos, multinacionales, gobiernos cómplices, consumo desmedido… ¿Qué hay más allá del discurso ecológista? ¿Cuáles son las soluciones?

La Tierra se ha transformado en un lugar inhóspito para vivir. Lo había vaticinado Malthus en los albores de la revolución industrial, fue una de las tantas conclusiones a las que llegó Marx analizando el “capital”, fue protesta de los beatniks, los hippies, el Club de Roma y teoría de algún científico loco como James Lovelock, que en los setentas alertó sobre la salud del Planeta en “Gaia, una nueva mirada en la Vida en la Tierra”, para luego firmar, hace poco años, que la Tierra estaba enojada y pensaba acabar con nosotros (“La venganza de Gaia. Por qué la Tierra está contratacando y como podemos salvar a la humanidad”, del 2006).

El asunto también fue alertado por canciones y tapas de discos en los ochentas. Sino recuerden a Jamiroquai con sus Ferraris y su disco Emergencia en el Planeta Tierra. Entrado el siglo veintiuno, la cuestión ingresó por la puerta trasera a la agenda de los políticos, los medios, los foros internacionales y los paquetes (ojo, solo los paquetes) de las empresas arribando, sin mucho contexto, a la comprometida charla del cálido asiento de cualquier taxi porteño, entre imágenes apocalípticas de terremotos en Chile o Haití, inundaciones en Japón o Nueva Orleans, y ridículas campañas llamando a conservar el agua o apagar la luz una horita al año.
“Nosotros de nuestros trabajo con campesinos y pueblos originarios aprendimos a hablar de territorio antes que tierra. El territorio incluye la vivienda, la familia, el alimento, el agua, la cultura, la vida. Es un bien social más que económico. Por eso, uno de nuestras grandes luchas actuales es contra el desalojo”, aclara Miriam Bruno, coordinadora del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF).
La organización está abocada a una de las funciones más vitales que cumple la tierra para el hombre: la alimentación. Según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con apenas un 13% del total de las tierras cultivadas de la Argentina, los agricultores familiares cubren un 20% del producto interno agropecuario y un 60% del consumo doméstico de alimentos. Son los chacreros bolivianos, los neohippies permaculturales, los descendientes de los pueblos originarios y también esos inmigrantes europeos, judíos o árabes que hicieron de Argentina “el granero del mundo”. A pesar de ello, en el FONAF denuncian el creciente desplazamiento de comunidades campesinas en pos de intereses económicos nacionales e internacionales.

Foto: sub.coop

La Tierra también es un negocio

“En Argentina se ha vivido un proceso de concentración y extranjerización de la tierra que en un principio tuvo que ver con la soja, pero que ya cubre muchos otros intereses. Se trata de un modelo de explotación del territorio basado en el saqueo de los recursos naturales. Entonces en complicidad con los gobiernos provinciales llegan personas con títulos de propiedad para desalojar a campesinos que no tienen papeles pero han habitado ahí por generaciones. Frente a esto, algunos, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero se han organizando y están poniendo el cuerpo”, explica Carlos Vicente, representante en Argentina de la organización Grain que desde hace varios años viene advirtiendo la agresiva política de apropiación de tierras (en especial en África y América Latina) por parte de gobiernos como Arabia Saudita, Japón, China, India o Egipto. Según sus informes, la estrategia tiene que ver con el aumento de la población y la falta de tierras cultivables en sus propios países, pero también con el aumento en la rentabilidad de los negocios relacionados con la producción agrícola frente a la merma de oportunidades en el sector financiero y de servicios, el aumento del precio de los comestibles y el crecimiento de productos sustitutos como los agrocombustibles.
Según el autor de la serie “Crisis Agroalimentaria”, Vicent Boix, analizando datos de la FAO para los últimos diez años, la escalada de los precios de los alimentos (2,4 veces), ligado al aumento de la desnutrición (23%), se debe pura y exclusivamente a la utilización de los cereales con fines industriales. En efecto, el consumo de maíz para fines ajenos a la alimentación creció 44% en los últimos 5 años. En Estados Unidos, durante el 2010, el 35% del consumo de maíz se explica por el uso de agrocombustibles. Lo que en criollo quiere decir que el 14% de la producción mundial de maíz fue a parar a los coches de los gringos.
Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dicen que los establecimientos rurales mayores a mil hectáreas concentran más del 43% del espacio total, mientras que las propiedades inferiores a diez hectáreas ocupan menos del 2,7%. En la misma dirección, el Movimiento Sin Tierra(MST) ha señalado que mientras en 1992 había poco más de 19 mil latifundistas con más de dos mil hectáreas (121 millones de hectáreas), para 2003 el número de esas propiedades sube a 32 mil y el área total suma 132 millones de hectáreas. En once años, doce millones de hectáreas fueron apropiadas por el latifundio.
Los datos del censo agropecuario revelan que la agricultura familiar, que representa el
24,3% del área agrícola es responsable del 87% de la producción nacional de mandioca, 70% de la de porotos, 46% de la de maíz, 38% de la de café, 58% de la de leche, 50% de la producción avícola y 30% de la bovina. Sin embargo este tipo de producción recibió sólo $13 billones de reales del estado en el 2008, frente a cerca de $100 billones de reales que fueron destinados al agronegocio.
“El Movimiento Nacional Campesino presentó hace un par de años en Ginebra un informe sobre el aumento en la violación de los derechos humanos en Argentina. En Paraguay es tremenda la violencia. Viajando por Sudamérica uno se da cuenta que dentro de veinte o treinta años vamos a tener que reconocer que se esta produciendo un genocidio y un ecocidio dramático. Siempre el modelo de desarrollo que nosotros tenemos apunta a incrementar el uso de tecnología y no a replantear la situación cuando hay crisis. Nosotros en Grain nacimos tratando de cambiar las cosas a nivel de organismos internacionales, pero a lo largo de los años nos dimos cuenta que lo importante era trabajar con los movimientos locales que son los que realmente están haciendo las transformaciones. Hoy se sabe técnicamente que tanto el cambio climático, como la extinción de especies, como la crisis alimentaria, se puede revertir con técnicas agroecológicas que no destruyan los ecosistemas, que den trabajo a la gente”, explica Vicente. E insiste: “El tema es que en la Unión Europea se pueden dar el lujo de decir: no importa que se desaloje el campo, porque le compramos muy barato y traemos lo que queremos del otro lado del mundo. Aún dejando de lado la explotación de las personas en esos lugares, el sistema agrícola y ganadero mundial, sumando el transporte, produce casi el 50% de los gases del efecto invernadero. Ahí vos decís: no podemos seguir llevando en barco las cosas de un lado al otro del mundo cuando se pueden producir localmente”.
Mientras en Buenos Aires, Bogotá o Barcelona los ciudadanos apagamos la luz una horita y puteamos porque el portero baldea la vereda, los megaproyectos multinacionales (apoyados por organismos y ongs internacionales, gobiernos nacionales y provinciales) avanzan con lógicas de consumo inagotable, extracciones millonarias y desplazamiento de poblaciones a través de estratagemas legales o ejércitos paramilitares.
“En este momento el problema más grave de los argentinos, y que quizás sea el de menor conciencia en la población urbana, es la política agraria. El régimen de tenencia hace que la posesión de la tierra tenga objetivos especulativos económicos. Pensar en un país distinto no puede hacerse si no se piensa en cuál debe ser la base agraria. De lo que se trata es de visualizar la exigencia situacional desde donde repensar y actuar. Evitar que el poder, a través de los medios de comunicación masiva nos mantenga ocupados con temas secundarios como la seguridad o la crisis financiera, cuando la deuda interna, la insolvencia económica, política, social, cultural y ética del estado argentino sólo, se resuelve construyendo de nuevo el país. Y ese nuevo país no podrá ser posible si no nos desembarazamos de muchos desatinos y formidables despilfarros de la cultura urbana que hemos adoptado suponiéndolos parte de un ilusorio progreso”, advierte Luis Mattini.

Foto: sub.coop

La tierra también es el espacio

La pelea por el territorio, la tierra, en las zonas rurales, quizás no difiera tanto de los que muchos porteños vivimos día a día en las combativas horas pico del transporte público.
Dice un comunicado del MTL Rebelde y la agrupación Prisma: “La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 a 50 mil personas en diez años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre capital y área metropolitana de Buenos Aires con un millón de habitantes. Hoy serían ya dos millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, un 7% de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece diez veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso” se queja el diario de la derecha”.
“Hay que preguntarse dónde van a vivir los pobres que en nuestras ciudades se tienen que ubicar en forma irregular, sin títulos y en ambientes degradados. Lo hacen porque no tienen otra alternativa, porque jamás podrían entrar en el mercado formal de tierras, ni comprar una vivienda con título”, cuestiona Sebastián Tedeschi, coordinador legal para América Latina del Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (Cohre, en sus siglas en inglés). Datos de un relevamiento realizado en el país arrojan una cifra extraoficial de entre 4 ó 5 millones de familias que no poseen títulos de propiedad por distintos motivos: “Es gente que vive en asentamientos y villas pero también campesinos y comunidades indígenas que, aún con el reconocimiento constitucional, no tienen sus títulos”. En esa línea, Tedeschi considera que “por más que se invierta en construcción de viviendas, no se llega a cubrir el déficit nuevo que se genera. Además, el problema no es solo levantar viviendas sino ver cómo la gente accede a las ya construidas”.
“Las Naciones Unidas estiman que más del 50% de la población mundial vive en las ciudades. Y para el 2050 va a ser el 78%. Algunas capitales están empezando a tomar en serio estos informes para hacer un diseño urbano distinto, de inclusión, no de exclusión, que son los que hay ahora y generan cordones urbanos de miseria. En Buenos Aires tenés 120.000 propiedades vacías. Pero parece que la única política posible es el desalojo. En cambio, en Torino, una casa vacía paga el triple de impuestos. Entonces los dueños se juntan con las cooperativas y el gobierno para hacer proyectos”, explica Fernando Ojeda, de la Cooperativa el Ceibo y la Red Hábitat, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que busca “una solución integral al problema habitacional a través de asentamientos humanos social, económica y ambientalmente sustentables”. Su organización surgió en los ochentas entre los habitantes de casas tomadas en Palermo, tras los desalojos y el fallido intento de la construcción de la AU3 por parte del intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore. Se dieron cuenta que la primera tarea a desarrollar para proteger su vivienda (habitat, territorio) era solventarse económicamente. La mayoría de ellos eran cartoneros. Hoy la cooperativa está concentrada, además de la Red Habitát, en planes de vivienda, reciclado y promoción ambiental.
En la Red estiman en medio millón el total de la población con falta de acceso a una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Según la agrupación Prisma del MTL, se realizan alrededor de 5 mil desalojos por año. Los desalojos no solo cubren personas particulares, sino también organizaciones sociales.
En mayo del 2009, la Huerta Orgázmica, el emprendimiento de agricultura urbana de la Asamblea Gastón Rivas, que funcionaba en un espacio recuperado al lado de las vías del FF.CC. Sarmiento, fue violentamente desalojado por el gobierno de la Ciudad.
En el caso de allanamiento del Centro cultural La Sala, la operación incluyó fuerzas especiales trepando por los tejados. El espacio, amenazado de desalojo, pudo recuperarse gracias al apoyo económico de vecinos y amigos. No es el único emprendimiento que en base a aportes comunitarios y lucha social ha logrado concesiones por parte del estado. Pero la regla hoy en este tipo de espacios es la amenaza de desalojo. Es una de las tantas políticas que desde su asunción ha encarado el gobierno de Mauricio Macri en una estrategia que también incluye fábricas recuperadas (como el IMPA), casas y hoteles, además de la privatización de espacios públicos en pos de un desarrollo inmobiliario moderno (como el Centro Cívico XXI que funcionará en el predio de Barracas donde hoy funcionan los neuropsiquiátricos Borda y Moyano, a desmantelarse bajo la nuevo Plan de Salud Mental), y el acoso de personas en situación de calle (la llamada “limpieza social”), que se ha venido realizando a través de la famosa Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), denunciada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.
La estrategia es casi un calco de la política de Ventanas Rotas (que según expertos norteamericanos relaciona desorden urbanístico y callejero con crimen) implementada por el alcalde de New York Rudolph Guiuliani y luego replicada en Medellín por Álvaro Uribe Velez, con el apoyo de las Cooperativas Convivir, los cuerpos de seguridad ciudadana que muchos expertos colombianos sindican como el nacimiento de los ejércitos paramilitares. El ex presidente de Colombia es la niña bonita de los medios y organismos internacionales por su lucha contra el “terrorismo”, a pesar de la larga lista de acusaciones con las que carga en su país por vinculación al narcotráfico y el terrorismo de estado. El saldo de su política de Seguridad Democrática incluye 30 millones de pobres, 9 millones de indigentes, 4,9 millones de desplazados, 250.000 desaparecidos y 600 sindicalistas asesinados desde el 2002. También 3000 “falsos positivos”, que es la forma en que los colombianos llaman a la encarcelación por parte del gobierno de campesinos, indígenas, jóvenes de los barrios marginales, intelectuales y dirigentes sociales falsamente acusados de “terroristas”.
La aparición de paramilitares colombianos asesorando a la oposición o fuerzas ligadas a masacres indígenas ha sido denunciada por Hugo Chavez y Evo Morales (que mostró las fotos de líderes paramilitares colombianos reuniéndose con el embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg). También por los movimientos de resistencia al golpe de estado en Honduras.
En Argentina, Uribe es recibido con grandes honores por Mauricio Macri y en reuniones poco publicitadas con la presidenta Cristina Kirchner, con el fin de asesorar al ejército nacional. El mapa de la seguridad de Francisco de Narváez no difiere mucho de los mecanismos utilizados por Uribe para la creación de la red de informantes que hizo posible su política de Seguridad Democrática, y el proyecto de Macri de crear policías comunales en el Instituto Superior de Seguridad Pública se parece mucho a la idea de las Cooperativas Convivir.
“La Ciudad no ha sido nunca un lugar armónico, libre de confusión, conflictos, violencia. La calma y el civismo son la excepción, y no la regla, en la historia urbana. Los comuneros de 1871 pensaban que tenían derecho a recuperar su París de manos de la burguesía y los lacayos imperialistas. Los monárquicos que los mataron, por su parte, pensaban que tenían derecho a recuperar la ciudad en nombre de Dios y la propiedad privada. ¿No estaban todos acaso ejerciendo su derecho a la ciudad? A derechos iguales, constató célebremente Marx, la fuerza decide. ¿Es a esto a lo que se reduce el derecho a la ciudad? ¿Al derecho de luchar por los propios anhelos y a liquidar a todo el que se interponga en el camino?”, se pregunta el géografo y urbanista David Harvey.

Foto: sub.coop

La vuelta a la Tierra

Del otro lado del mapa, debajo de la tierra y los medios oficiales de comunicación, muchos son los proyectos de inclusión y cooperación, como la Red Habitat, la Misión Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, los proyectos de vivienda de la Tupac Amaru en Salta, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL-CTA) en Parque Patricios o la asociación Giros en Rosario.
O el Centro Cultural de La Sala, donde funcionan diversos proyectos productivos y autogestionados como emprendimiento textiles, de xerigrafía, la imprenta Pdel, la empresa de productos higiénicos Burbuja Latina, y hasta hace poco, la cerveza La Cebada. Por su parte el Movimiento Darío Santillán ha expandido su red de proyectos productivos, incluyendo pasantías de trabajo, medios comunitarios, proyectos de viviendas, bibliotecas y bachilleratos populares. En La Plata, en el predio de un colegio abandonado, el Centro Cultural Olga Vázquez alberga, entre otros, una pizzería, una imprenta, un taller de herrería, uno textil, la biblioteca popular Héctor Osterheld, el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, talleres y eventos culturales. Las comercializadoras de productos sociales o ecológicos como Puente del Sur, la Red Tacurú o Iriarte Verde, distribuyen a domicilio diferentes artículos elaborados por cooperativas, movimientos campesinos, indígenas y fábricas recuperadas.
La alianza puede incluir nuevas formas de organización sindical (como el caso de los subtes) o comercialización cultural (como la Feria del Libro Independiente y Alternativa). La mayoría de estas experiencias prescinde y, en muchos casos, hasta reniega del estado y las grandes empresas, poniendo el énfasis en un nuevo tipo de consumidores y redes de compra, venta y producción. No van detrás de megaproyectos productivos o inmobiliarios asociados con esas grandes ganancias asociadas a la explotación descontrolada del territorio en pos de un consumo por lo general asociado con explotación laboral, crímenes de lesa humanidad y desastre ecológico.
“Es fundamental crear redes de solidaridad entre lo urbano y lo rural. La mayoría de la gente que vive en esta ciudad no sabe lo que come, de donde viene, quien lo produce, cuanto viaja y cual es el costo real que eso tiene, Y si la gente no empieza a hacerse cargo de lo que se alimenta es muy difícil hacer el cambio. Puede sonar a utopia, pero la verdadera utopía es que el mundo siga funcionando como está funcionando. Esta sociedad es inviable, no hay un futuro del capitalismo, del consumismo, entonces todas estas experiencias desde las autogestionarias en la ciudad hasta las campesinas, o la gente que vuelve al campo buscando una alternativa diferente de vida, son las semillas de lo que va ser. Por eso son importantes estas experiencias y es importante la solidaridad frente al desalojo de estos espacios. Mucha gente conciente de la ciudad reacciona sin saber que eso es moneda corriente en buena parte de la Argentina. Y los medios alternativos están creando conciencia sobre esas cosas”, explica Vicente.

Foto: sub.coop

La tierra en disputa (Awya-Yala)

“Hoy hay mucha información, y hace falta sacar mas, pero en cada uno de los sectores de la economía hemos visto que hay tres patas para el problema tan grave que se vive. Una es la de los recursos naturales, otra es la de las trasnacionales, y la tercera, la del terrorismo de estado. Colombia es un país muy rico: tiene oro, tiene petróleo, tiene carbón, tiene biodiversidad, aguas, lo que uno quiera. Como es un país muy rico las multinacionales vienen detrás de todos esos recursos naturales. Pero para que puedan beneficiarse de ellos es necesario que no halla comunidades organizadas que luchen para impedir que nos roben estos recursos que son de los colombianos. Entonces las transnacionales necesitan quitarse del medio esa resistencia popular. ¿Cómo se la han venido quitando? A través del terrorismo de estado agenciado por gobiernos como el de Alvaro Uribe y todos sus antecesores. Ese terrorismo de estado tiene como una de sus armas al paramilitarismo, que no es solamente el brazo armado, sino que es todo un proyecto económico, político, militar y social. A través del paramilitarismo se han venido arrasando poblaciones enteras para poder explotar tranquilamente los recursos”, explica Edgard Paez, dirigente del sindicato Sinaltrainal, una de las organizaciones que en el 2008 convocó al Tribunal Permanente de los Pueblos para condenar por crímenes de lesa humanidad al gobierno colombiano, el de Estados Unidos y multinacionales como Coca Cola, Nestle, Unilever, Repsol, Brtish Petroleum, Monsanto, la minera Anglogold Ashanti y Chiquita Brands.

Foto: sub.coop

“Uno de los territorios de mayor potencial energético, hídrico y biótico del mundo, es el Amazonas, pero no solo en términos de su expresión biofísica, sino también en toda su amplitud territorial, sus posibilidades de conexión y sus grandes mercados. Se sabe que en la zona de Iguazú está el ejército internacional más grande que hay en todo el territorio y que el Plan Colombia, que fue presentado al mundo como un plan contra el narcotráfico y la insurrección armada, es un plan de ocupación militar de la entrada a ese territorio”, explica Hernando Gómez analista internacional y colaborador de Le Monde Diplomatique en Colombia. Y continúa: “América Latina vive desde hace muchos años un proceso de recolonización del territorio que busca montar toda la infraestructura físico comercial para todo el gran mercado internacional, con la mayor tasa de ganancias, sin interesar los costos sociales y ambientales, atravesando territorios sagrados de las comunidades indígenas, desplazando campesinos, generando condiciones de violencia y guerra en muchos territorios, atravesando por ecosistemas estratégicos, desforestando, implementando formas de explotación no orgánicas para poder sacarle mayor rendimiento al suelo, acabando con los bosques húmedos tropicales”.

Foto: sub.coop

“En los últimos años se han visto aflorar una serie de nuevos conflictos territoriales que, aunque tienen su origen en antiguas causas, hoy adquieren un nuevo perfil por la promoción de planes y proyectos de inversión e infraestructura. Estos conflictos son enfrentados del peor modo, recurriendo a la represión en lugar de buscar instancias de diálogo y concertación para un acuerdo en el marco de la ley y el respeto de los derechos humanos. Lo paradójico es que la población reclama que mientras el gobierno no ha apoyado sus formas de subsistencia y sus proyectos de actividad económica durante décadas, ahora estas iniciativas pueden causar daños sobre su forma de vida. Estos conflictos raramente aparecen en los medios de prensa, porque los proyectos cuentan con inversión internacional o de grandes capitales nacionales, con financiamiento del Banco Mundial o el BID, algunos incluso con auspicio de las ONU, a través del PNUD”, Tedeschi.
Estos planes de infraestructura tienen continuidad en todo el continente a través del IIRSA (niciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que incluye el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Argentino del Bicentenario presentado por Cristina Kirchner en marzo del 2008 y bendecido por todos los mandatarios provinciales, incluyendo el de Santa Fe, el socialista Hermes Binner. El plan incluye rutas y puertos que conecten a la producción argentina con la del mundo.
En Río Negro, Grain denunció hace pocos meses la firma de un acuerdo del gobierno provincial con China para cederle miles de hectáreas a la empresa estatal Beidahuang para la producción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos. El plan incluye la construcción de una nueva terminal portuaria en San Antonio Oeste.

Foto: sub.coop

La tierra es la identidad

“Durante el siglo XX afloraron múltiples conflictos por tierras urbanas frente al acelerado proceso de urbanización que vivió América Latina, familias campesinas que dejaron el campo y se concentraron en las grandes metropolis. Si bien hoy la mayoría de la población latinoamericana es urbana, no puede decirse estrictamente que esta viva en ciudades si pensamos en las condiciones de vida, habitación, provisión de servicios o seguridad jurídica y disfrute efectivo de sus derechos de ciudadano. Actualmente el conflicto se reactiva ya no por nueva migración rural sino por las mayor presión por el desarrollo que el mercado inmobiliario ejerce con el fin de ocupar todos los espacios urbanos disponibles y especialmente en donde vive la población de menores ingresos que es más vulnerable a las expulsiones y desalojos por falta de títulos que garanticen la seguridad de sus posición”, sostiene Tedeschi. Desde la Red Habitat denuncian que los proyectos de vivienda social están paralizados y que el plan inmobiliario para la ciudad de Buenos Aires incluye la desocupación de casas con un solo fin: que la reducción de la oferta lleve los alquileres a precios europeos.
Los intereses económicos sobre el territorio están provocando desplazamiento en los campos y también en la ciudad. Y ese desplazamiento, como no podía ser de otra manera, empuja a la lucha por el territorio, provocando una sobrepoblación que a veces parece no tener solución ni retorno (no solo desde el espacio sino también desde el abastecimiento de sus necesidades básicas, es decir la soberanía alimentaria, el hábitat). Los hechos del año pasado en Soldati o Lugano, o de este año en Bajo Flores, son apenas una muestra de este enfrentamiento, que incluye también la distribución de las ganancias, la pelea por los precios, el trabajo digno, y el derecho a la libertad y la vida (frente a estrategias de criminalización de la protesta social o de limpieza social como la ley antiterrorista o el gatillo fácil).
La estrategia de desalojos no solo incluye objetivos económicos en cuanto a recursos naturales (como la soja, la minería o el petróleo), sino otros como la construcción de viviendas para clase media y alta (como el barrio Colony Park en el arroyo Anguilas o los proyectos inmobiliarios en Punta Querandíes, ambos en Tigre), Universidades (el caso de la comunidad qom La Primavera), Infraestructura (el Vial Costero de Vicente López), Turismo (el desalojo de la comunidad Paichil Antriao en Villa Langostura) o Ciencia (los recientes desalojos en Cachi, Salta, que incluyen planes de minería, venta de terrenos a extranjeros pero también usufructo de los tesoros arqueológicos de la zona). En algunos de estos casos además de las fuerzas tradicionales del orden (ejército y policía) se han utilizado grupos especiales como la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA) en Río Negro.

Foto: sub.coop

“Nosotros somos un pueblo con una cosmovisión de muchos años que dice que la tierra es nuestra casa, el territorio es nuestra vida. Para nosotros que pertenecemos al pueblo mapuche la toma de tierras tiene que ver con una reivindicación de nuestra identidad, recuperar el suelo que fue apropiado por el estado en nombre del progreso para responder a intereses internacionales, que en ese entonces tenía que ver con Inglaterra y la producción de lana. Esos intereses fueron los mismos que actuaron para fomentar la guerra en Paraguay o el despojo de nuestros hermanos indígenas del Chaco. Desde entonces hemos vivido la intervención del estado que nos impone sus reglas. A nosotros que somos un pueblo nómade nos desplazaron a las peores tierras o a asentamientos urbanos donde pasamos a formar parte de la miseria. Hoy la palabra no es progreso sino desarrollo sustentable, y se buscan otros recursos como petróleo o agua, pero los intereses internacionales son los mismos, y la función del estado también”. Las palabras son de Chacho Liempe, uno de los dirigentes del Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro, una organización que lleva más de 100.000 hectáreas recuperadas en el sur del mundo a la par de numerosos emprendimientos productivos y culturales. Para los antiguos pobladores de la tierra, esa lucha que hoy es vista con desespero por los habitantes urbanos, no es novedad, lleva más de quinientos años. Para los pueblos originarios la Tierra, la Pachamama, es la madre.

Publicado en Underground #1 edición impresa, otoño 2011

 

2 Comments

  1. Marlene Wayar

    Estas cooperativa de fotrgrafxs graficos unos genios!!! los vi en la Biblioteca Nacional donde era muy fuerte el emplazamiento. no se los pierdan nunca que presenten trabajos.

  2. Dra P DAlessandro

    “Si fuéramos capaces de unirnos”…

Deja un comentario

*